Desde el 2017 es vigente la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en el país, lo que implica que en cada estado se creara la Fiscalía Especializada en Delito de Tortura para nuestra entidad, pero en Sonora se ha incumplido con este mandato.
Hermosillo, Sonora a 8 de noviembre de 2022. Las violaciones de derechos humanos incluyendo torturas, desapariciones forzadas, abusos contra migrantes, ejecuciones extrajudiciales, violencia de género y ataques contra periodistas independientes, continúan en nuestro país bajo la impunidad. La implementación de las reformas legales aprobadas en 2017 y 2018 ha sido lentas y hasta el momento estas han sido ineficaces; incluso en Sonora se ha incumplido con la creación de la Fiscalía Especializada en Delito de Tortura
La diputada Rosa Elena Trujillo a nombre de la Bancada Naranja, integrada también por Natalia Rivera Grijalva, Ernesto de Lucas Hopkins y Jorge Russo Salido, presentó la iniciativa para que se dé cumplimiento con este mandato constitucional.
La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en el artículo 2 define la tortura como todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflija a una persona a penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva o con cualquier otro fin.
Asimismo, dicha organización ha señalado que en México es habitual torturar a detenidos para obtener información y confesiones. Se aplica con mayor frecuencia en el plazo que transcurre desde la detención de las víctimas, a menudo arbitraria, hasta que estas son puestas a la disposición de agentes del Ministerio Público.
Las víctimas suelen ser mantenidas incomunicadas en bases militares o en centros de detención ilegales. Una ley de 2017 estableció la ilegalidad de usar confesiones obtenidas mediante tortura como pruebas en procesos penales. Sin embargo, las autoridades no suelen investigar las denuncias de torturas.
La CNDH informó de 11,608 quejas por torturas y malos tratos entre 2006 y abril de 2014. No existe actualmente un registro nacional de casos y cada entidad tiene datos propios, muchos casos no se denuncian por temor a represalias o desconfianza y existe una tendencia a calificar actos de tortura o malos tratos como delitos de menor gravedad.
Desde hace cinco años, el artículo sexto transitorio de la Ley General establece que la federación y las entidades federativas tenían 90 días para crear y operar sus Fiscalías Especiales para la investigación del delito de tortura, salvo en los casos que por falta de recursos suficientes debían ser ejercidas por la unidad administrativa especializada correspondiente.
Desafortunadamente, este Congreso ha incurrido en una omisión absoluta al no haber creado la Fiscalía Especializada en Delito de Tortura en la Constitución de nuestro Estado o en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado y, por otra parte, hay una omisión por parte de la Fiscalía General, al no haber creado en el Reglamento Interior de la Fiscalía, una unidad encargada de investigar los casos por delito de tortura como lo exige la ley.
Con la creación de la fiscalía especializada no sólo daríamos dando cumplimiento a una Ley, sino que estaremos garantizando el respeto a la dignidad humana de las y los sonorenses.